viernes, 25 de noviembre de 2011

El CERMI exige que se tomen medidas urgentes para erradicar la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad

Comparto con vosotros la nota de prensa que ha emitido hoy el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (CERMI) con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El CERMI exige medidas “urgentes y coordinadas” que erradiquen la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad

• El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) alerta sobre la situación de violencia que diariamente sufren las mujeres y niñas con discapacidad.

• “Las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de la discriminación múltiple y, por lo tanto, están más expuestas a la violencia de género, al abuso sexual, al abandono, al maltrato y a la explotación”, señala.


(Bilbao, 25 de noviembre de 2011).- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) alerta sobre la situación de violencia que diariamente sufren las mujeres y niñas con discapacidad.

En este sentido, exige medidas “urgentes y coordinadas” que erradiquen la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad en todo el mundo, y aborden las causas y el impacto de la violencia, con el objetivo de lograr la “plena” participación en igualdad de condiciones de las mujeres y niñas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad.

“Las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de la discriminación múltiple y, por lo tanto, están más expuestas a la violencia de género, al abuso sexual, al abandono, al maltrato y a la explotación”, señala.

Según el CERMI, “son víctimas de la violencia tanto en el seno del hogar como fuera de él”, ya que, según explica, existen prácticas consentidas por los Estados, que permiten y, a veces, están dirigidas a las mujeres y niñas con discapacidad, como son la esterilización forzada, el aborto coercitivo, los métodos anticonceptivos obligatorios y otros tratos involuntarios como la institucionalización”.

Estas prácticas, continúa, son consideradas por el antiguo Relator Especial de Naciones Unidas en materia de tortura y los órganos creados en virtud de los tratados de la ONU como “formas de tortura o trato crueles, inhumanos y degradantes”.

“Las reparaciones y el acceso a la justicia quedan a menudo fuera del alcance de las mujeres y niñas con discapacidad, al igual que la participación en programas para prevenir la violencia y programas de protección”, indica el CERMI.

El Comité recuerda que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) prohíbe cualquier forma de violencia, explotación y abuso contra las mujeres y niñas con discapacidad.

Así, el Cermi exige que se revisen todos los programas y estrategias dirigidos a la eliminación y el abordaje de la violencia contra las mujeres y niñas, a fin de asegurar que incluyen a las mujeres y niñas con discapacidad.

Asimismo, pide a los Estados que adopten medidas específicas que garanticen que las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso a la justicia y puedan ejercer su derecho a la reparación en igualdad de condiciones con las demás personas.

Por último, el Cermi recuerda la “necesidad” de disponer de datos desagregados por sexo, edad, región y discapacidad, para así conocer con “mayor precisión” la situación actual en relación con la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, que permitan formular respuestas y estrategias “más contundentes”, dirigidas a prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.

En este sentido, el CERMI recuerda que los Estados deben adoptar medidas activas para erradicar la violencia sufrida por las mujeres y niñas con discapacidad.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.